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La obligación de emitir facturas electrónicas a las Administraciones Públicas cumple tres años

Este sistema permite agilizar los procedimientos de pago a las empresas y ofrece mucho más control sobre el gasto. El número de facturas electrónicas presentadas a través de FACe ya supera los 22 millones.

Este lunes se cumplieron tres años de una obligación: que las empresas –entre otras figuras jurídicas- solo pueden emitir facturas electrónicas a las Administraciones Públicas. Según establece la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, los proveedores que entregan bienes o prestan servicios a las Administraciones Públicas deben emitirles las facturas por medios telemáticos. Existe una excepción a esta obligatoriedad: las administraciones pueden excluir reglamentariamente las facturas por importe inferior a 5.000 euros, aunque la Administración Pública está obligada a aceptar todas las facturas electrónicas independientemente de su importe, con independencia de que hayan aplicado reglamentariamente la exclusión anterior.

¿Quiénes deben cumplir con esta obligación de presentar facturas electrónicas a las Administraciones Públicas? Las sociedades anónimas; sociedades de responsabilidad limitada; personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española; establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establece la normativa tributaria; así como uniones temporales de empresas, entre otros.

Ventajas

Las facturas electrónicas permiten agilizar los procedimientos de pago a los proveedores y conocer con certeza las facturas pendientes de pago existentes. El control informatizado y sistematizado de las facturas favorece un seguimiento riguroso de la morosidad a través del periodo medio de pago, que se puede obtener a través de los datos disponibles en el sistema de información contable y que visualiza el volumen de deuda comercial de las Administraciones. También permiten un mejor control del gasto público y del déficit.

Otras ventajas son el ahorro de costes o la reducción de los tiempos de facturación, así como un aumento en la seguridad de los procesos de emisión de facturas, una menor probabilidad de falsificación y de errores o fallos cometidos. Además, son más respetuosas con el medio ambiente.

Qué es el FACe

FACe es el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado. Este único punto de presentación de facturas conlleva muchas ventajas: ventanilla única de presentación y consulta, formato unificado, codificación unificada de unidades, etc. FACe puede ser utilizado además por otras administraciones públicas como su propio punto general de entrada de facturas electrónicas, lo que incide en los beneficios para los proveedores de las administraciones.

Actualmente hay adheridas a FACe 18 comunidades autónomas y ciudades autónomas, así como 8.062 entidades locales. Según los datos de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el número de facturas electrónicas presentadas a través de FACe ya supera los 22 millones.

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